El decreto enigmático
Tan enigmático es el decreto como la interpretación que de él se ha hecho. El 10 de noviembre de 2005, a los pocos meses de tomar posesión, el Gobierno de Emilio Pérez Touriño aprobaba un decreto de enunciado no menos cabalístico: el 555/2005. Se trata de la norma por la que se adoptaban "medidas provisionales en relación con la utilización del dominio público hidráulico".
El decreto fue anunciado como un gesto de ruptura con los planes del Gobierno anterior, que pasaban por duplicar la capacidad de las minicentrales en el horizonte de 2010. Fraga concedió aprovechamientos sin concurso público, muchos de ellos rodeados de polémica por la identidad de los beneficiarios.
El 555/2005 supuso en la práctica la revisión del plan sectorial hidroeléctrico del Gobierno anterior y la suspensión de la tramitación de las solicitudes de concesiones, hasta la aprobación de un nuevo plan. Su artículo 3º dice: "Quedan excluidas de la suspensión las concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos otorgados con anterioridad al presente acuerdo, sin perjuicio de los recursos que legalmente procedan".
Ninguno de los proyectos afectados por este artículo 3º llegó a tramitarse durante la pasada legislatura, pero el reconocimiento de esos derechos es el asidero al que ahora se agarra la Xunta para anunciar, y después desmentir, su definitivo impulso. Se trata de 31 minicentrales que quedan en un limbo jurídico, pero a las que el Gobierno del PP no va a dejar de reconocer "sus derechos concesionales".
La fiebre eléctrica que motivó la avalancha de peticiones de aprovechamientos tiene razones bien fundadas. La principal se llama rentabilidad. En 2004, el negocio llegó a generar 45 millones de euros. Una estación de tamaño medio precisa de una inversión de unos cuatro millones, mientras que el beneficio neto anual ronda el millón de euros. Si se tiene en cuenta que las concesiones son de unos 25 años, la inversión se puede amortizar en los cuatro primeros, para dejar un beneficio final superior a los 20 millones.
El negocio carece de incertidumbres, ya que las principales compañías eléctricas compran toda la energía producida. Las inversiones se benefician además de las subvenciones que corresponden por ley al kilovatio hidráulico.
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