A pesar de los esfuerzos de última hora de los afectados, esta mañana la maquinaria de la Axencia da Legalidade Urbanística comenzaba a derribar las viviendas de A Guarda que a pesar de contar con licencia necesarias fueron declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Los vecinos trataron de impedir el derribo y consiguieron incluso una moratoria de un día de la jueza que lleva el caso pero finalmente el organismo dependiente de la Xunta decidió que la demolición debía realizarse hoy porque ya estaba todo el dispositivo y la maquinaria preparada. Varios vecinos trataron de impedir el derribo por la fuerza pero finalmente desistieron y asumieron que era inveitable. Los operarios ayudaron al propietario del único chalé habitado, Generoso Ameal, a sacar las últimas cosas que quedaban en su interior e iniciaron el derribo de la casa, una de las tres viviendas cuyo derribo estaba previsto hoy.
El Concello concedió hace un década las licencias para construir estas 21 casas -de la mano de los tres alcaldes que se sucedieron en el cargo entre los años 1999 y 2001 pero en el 2007 una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) dictaminó la nulidad de los permisos «por estar en suelo no urbanizable de protección paisajística».
Veinte familias pagarán con sus casas un error de la Administración y aunque ya han anunciado que lucharán en los juzgados por conseguir indemnizaciones, la causa no va a ser sencilla ya que Xunta y Concello se culpan mutuamente por permitir la construcción de esta urbanización.
Hipotecas
El portavoz de los vecinos Elías Rebollar señaló que detrás de lo ocurrido hay verdaderos dramas humanos, como el de una familia de trabajadores de la mar «que han tenido que recurrir a sus familias para encontrar un lugar donde vivir» y el de la mayor parte de los propietarios de las casas, «que nos hemos quedado sin vivienda pero tenemos que seguir asumiendo las hipotecas».
Rebollar señaló que, en una entrevista mantenida ayer con el conselleiro de Medio Ambiente y la directora general de Infraestructuras, ésta les había asegurado que la sentencia sobre estas viviendas de A Guarda abre un precedente y que, por lo tanto, obligará a cumplir otras decisiones judiciales similares como las de derrumbe de obras ilegales realizadas en el municipio de Vigo.«Queremos que se cumpla la ley, y que pase lo mismo con obras como las del Piricoto o las Torres de García Barbón», en el municipio de Vigo, indicó.
«Hoy es un día de tristeza, hay medio pueblo llorando de pena, esto es un pueblo marinero y, para hacer estas casas hicieron falta muchas horas de trabajo en el mar», afirmaba Elías Rebollar. El portavoz de los afectados aseguró que exigirá a la Xunta que actúe por vía penal contra las personas que concedieron las licencias, «porque así lo obliga la ley».
Hay veintiuna propiedades afectadas. La vida de otras tantas familias, con distintas realidades, a las que ahora ha unido «una flagrante injusticia» y un futuro inmediato aún menos alentador. «Todos confiabamos nos alcaldes que deron as licencias porque nos dicían que se ía arranxar co PXOM», repetían ayer. La propia Carmen, que ayer vio derribar su casa, aseguraba que «aún hace quince días el abogado nos dijo que íbamos a pasar las Navidades en casa, y antes en el Concello nos tranquilizaban diciendo que no iba a pasar nada». «Es un atropello: si alguien nos hubiera insinuado que no se podía construir, cómo íbamos a invertir todos nuestros ahorros», afirmaba otro afectado.
Tomás Martínez también perdió ayer su casa, a medio construir. Con una copia de su licencia en mano denunciaba que «aquí non hai xustiza, somos os únicos que pagamos o pato, temos unha licenza supervisada pola Xunta e aprobada polo Concello pero todos botan balóns fóra». «Non temos a quen recorrer, nin opción a nada, confiabamos no alcalde e o Concello, que sempre se fixeron responsables, estamos desesperados», reclamaba impotente.
«Quién se lo dice»
A su lado, Montserrat Rodríguez, sobre cuya casa también pesa el fantasma del derribo. Lleva más de seis años viviendo en su casa con sus hijos y su marido, que ahora está en el mar. «Quién se lo dice, qué hago con mi vida», apelaba ayer mientras denunciaba el silencio del Concello. «Yo me estoy enterando de todo por los propietarios: ¿por qué el Concello no alertó del requerimiento del 2001?, ¿por qué se cayó? Si lo hubiéramos sabido, igual no habríamos continuado porque la licencia nos la dieron en el 2000 y la obra se acabó en el 2003». «El Concello siempre nos decía que no pasaba nada, que todo se debía a los políticos de turno».
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