El Puerto de Vigo tardará al menos un año y medio en disponer del plan de usos de los espacios portuarios, según los plazos medios para la tramitación de estos documentos. El de Vigo, enviado en julio al Ministerio de Medio Ambiente, está en la fase inicial, según consta en el propio ministerio, tal y como pudo saber La Voz. En su caso, cuando se le dé la luz verde, y sea publicado en el BOE, pasará a la fase de alegaciones por parte de las administraciones cercanas, instituciones privadas, asociaciones o particulares.

Así las cosas, en el tablero de ajedrez político que existe en la ciudad portuaria de Vigo, en la autonomía o el Gobierno central, es preferible pactar. Siempre o casi siempre. El Puerto debe trabajar con esa hipótesis, si no quiere estrangular sus tiempos en las distintas capas administrativas. Si se cumple a rajatabla la arraigada lentitud que suele presidir los movimientos con los que avanza el mastodonte de la Administración pública, el plazo de respiración de los números uno portuarios -antes de sus teóricos nombramiento para la carrera a la alcaldía de Vigo- es más que pequeño.

Sus criterios de desarrollo, en la mayoría de los casos, al menos las obras más grandes, deberían de pasar, o lo están haciendo, por el estudio de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente; también por los presupuestos del ente Puertos del Estado, que es su superior jerárquico, al que le superan, por jerarquía, el Ministerio de Fomento, el propio Gobierno en el Consejo de Ministros y, en última instancia, los Presupuestos Generales del Estado, con el Congreso y el Senado como filtros; por no hablar, finalmente, de que es preciso acudir en la mayoría de los casos a los Fondos de Cohesión de la UE para financiar las obras más caras, además de licitarlas y adjudicarlas.

Total, que la presidenta/e portuario de turno debe pagar un triple peaje: el de su propio consejo de administración; el de las administraciones públicas superiores, como es preceptivo, para hacer las cosas ajustadas a las normas; y pagar el peaje a nivel local, donde otros grupos políticos están esperando.