La resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en favor del gobierno municipal de Gondomar no afectará al proceso abierto por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Vigo contra el regidor, Carlos Silva, y los miembros de su junta de gobierno. Así lo confirmaron ayer fuentes de la citada sala, que informaron del inicio de la solicitud de pruebas documentales al ayuntamiento.

Entre los documentos solicitados se encuentran los decretos para conceder licencias, los informes de los técnicos municipales que según el BNG resultaban desfavorables, así como el propio plan urbanístico del municipio. Todo ello permitirá probar o descartar la existencia de un supuesto delito contra la ordenación del territorio, indican las mismas fuentes.

Al igual que el juzgado continúa el caso, el fiscal especializado en ordenación del territorio y medio ambiente de Vigo, Juan Carlos Aladro, mantendrá su querella pese a la resolución del TSXG. Aladro no prevé retirar la demanda porque desconoce dicho auto que, a juicio de Carlos Silva y sus asesores legales, mantiene el Plan Xeral en vigor y confirma que las licencias otorgadas son legales porque otorga efectos suspensivos a un recurso de casación interpuesto por el concello ante el Tribunal Supremo contra los autos del TSXG que ratificaban la anulación del documento urbanístico.

Plan Xeral anulado

Dicho recurso de casación alega contra dos autos del TSXG que ratificaban la anulación del plan. Ambos fallos invalidaban las modificaciones aprobadas en el pleno de 2005 para evitar la suspensión del documento urbanístico de Gondomar. Así, fuentes jurídicas consultadas aseguran que el Plan Xeral de Gondomar está anulado porque la resolución notificada la pasada semana al gobierno municipal se refiere a los cambios aprobados en aquella sesión plenaria, no a la sentencia del Supremo. Asimismo, las mismas fuentes inciden en que el fallo del Tribunal Supremo que anulaba el PXOM era firme.