Un delito contra la ordenación del territorio en su forma especial de prevaricación. La querella formulada por la Fiscalía de Vigo considera que la supuesta concesión ilegal de 300 licencias autorizadas por el alcalde de Gondomar "reviste los caracteres" de este delito. Pero Carlos Silva no es el único querellado: el fiscal, que señala que de la instrucción judicial se aclarará que otras "personas concretas" son responsables de los hechos, incluye ya de forma inicial en el escrito remitido al juzgado, a los concejales que integran la junta de gobierno y que votaron a favor de que se expidiesen los permisos de obra con el PXOM anulado.

Los ediles que participan en la junta son el de Cultura, José Luis Mosquera; el de Vías y Obras, Ángel Gregores; el de Alumbrado Público y Recogida de Basura, Jaime Rial; el de Deportes, José Misa; y el de Mercados y Aguas, Abelardo Meneses. Curiosamente, en este órgano de decisión municipal no se encuentra el concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, ya que tiene dedicación exclusiva.

La querella presentada por la Fiscalía, concretamente por el representante del ministerio público especialista en asuntos de ordenación del territorio, Juan Carlos Aladro, cita cada una de las supuestas licencias irregulares otorgadas por el departamento de Urbanismo desde enero del año 2005 hasta febrero de 2006, entre las que se incluyen el visto bueno a las instalación de un circuito de supercross y a un complejo de turismo rural.

Caso "omiso"

Y todo ello, señala el fiscal, pese a las resoluciones judiciales (autos de suspensión) del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de los informes de la secretaria municipal y de los técnicos internos que advertían de la "ilegalidad de las licencias". "El querellado [Carlos Silva] decidió hacer caso omiso de los informantes y del contenido de las resoluciones judiciales, solicitando informes a personas ajenas a la Administración que fueran proclives a sus deseos de otorgar licencias y ejecutar el plan", consta en la querella.

Añade que obtuvo dos informes "procedentes de dos despachos jurídicos que, contrarios a todo lo anterior y prescindiendo de ello, eran claramente a favor y acordes a los intereses de los querellados que otorgaron las licencias".

Por todos estos motivos, el ministerio público considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio en su forma especial de prevaricación. El fiscal solicita que se interrogue al principal querellado, el alcalde, y a los miembros de la junta de gobierno que votaron en los acuerdos a los que se refiere esta querella.

También pide que se cite como testigos a la secretaria municipal y a una técnico de la Administración General e incorpora a la denuncia las sentencias, autos e informes municipales y de la Xunta, entre otros, en los que basa esta actuación.

La acusación pública solicita al juzgado que esta querella se admita a trámite y que se incoen diligencias previas para, una vez efectuadas las mismas, proceder a formular el escrito de acusación en relación con este caso.