La Fiscalía de Vigo investiga desde el pasado lunes, día 26 de junio, el conflicto urbanístico de Nigrán. Así lo confirmó ayer su coordinador, Carlos Gil, quien manifestó que se han incoado diligencias informativas de oficio ante las sospechas generadas alrededor del proceso de elaboración del Plan Xeral de Ordenación Municipal. La revuelta vecinal que impidió la aprobación inicial del documento urbanístico el día 2 de junio y las acusaciones sobre supuesta información privilegiada por parte de miembros del gobierno a promotores inmobiliarios provocaron la decisión del Ministerio Fiscal.

Los representantes de los colectivos vecinales que lideran las protestas contra el documento urbanístico fueron los primeros en conocer ayer la noticia de la investigación. Juan Carlos Aladro, fiscal especializado en asuntos urbanísticos, les informó de las diligencias en una reunión que tuvo lugar en la quinta planta de los juzgados de Vigo. Aladro les indicó que ya había remitido al ayuntamiento una solicitud de información sobre parcelas, sus titulares y clasificaciones urbanísticas.

Los presidentes de las asociaciones de vecinos de Priegue, Chandebrito, Parada y Panxón y directivos de las de Nigrán y Camos acudieron a la convocatoria del fiscal tan sólo un día después de entregar el escrito para solicitar la investigación.

Además de informarles sobre el trabajo avanzado en el expediente de Nigrán, el fiscal solicitó colaboración a todos los representantes de colectivos para que "aporten toda la documentación que consigan ante una sospecha o indicio de que se estén produciendo actividades ilegales", señaló Víctor Vidal, presidente del colectivo de Chandebrito.

El escrito que los representantes vecinales entregaron el martes en la Fiscalía apuntaba a la existencia de "indicios más que evidentes" de la comisión de cuatro supuestos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, así como negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, todos previstos en el Código Penal.

Los vecinos resumían en el texto la elaboración del Plan Xeral y la relacionaban con la información privilegiada a promotores inmobiliarios, por lo que solicitaban al fiscal que investigue el patrimonio de los miembros del gobierno.

El edil de Urbanismo, Carlos Quintas, manifestó ayer su satisfacción por la iniciativa del fiscal y afirmó que "ya era hora de que se iniciasen diligencias y alguien acudiese a la Fiscalía".

Por su parte, el alcalde, Alfredo Rodríguez, insistió en que presentará igualmente la próxima semana su escrito de solicitud de una investigación y advirtió a los vecinos de que el proceso puede volverse contra ellos. "Cuando todo se aclare, se les podría acusar de lanzar injurias", avisó.