El Congreso instó ayer al Gobierno a suspender cautelarmente la concesión de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos en la cuenca del Miño-Sil. La proposición no de ley aprobada por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca prevé que esta situación se prolongue hasta que se realicen los estudios previos de impacto medioambiental y social de los embalses y minicentrales existentes en la actualidad o en cualquier fase de ejecución y se fijen las nuevas normas de planificación sectorial en aplicación de la directiva marco del agua.

La diputada del BNG Olaia Fernández Davila, que había presentado la proposición, aceptó llegar a un acuerdo con socialistas y populares, ya que la enmienda transaccional finalmente aprobada recoge íntegramente sus postulados y está basada en un acuerdo similar votado por el Parlamento gallego. El Congreso insta también al Gobierno a que prosiga con la tramitación de los expedientes de caducidad sobre las concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos conforme a lo establecido en la ley. Asimismo, pide la revisión de la situación jurídica de los títulos concesionarios que amparan este tipo de infraestructuras, en función de determinar el grado de cumplimiento de los condicionantes y características del otorgamiento, con la adopción de las medidas oportunas de cara a la extinción de aquellos que sean irregulares.

En su intervención, Fernández Davila justificó la presentación de su iniciativa por la «presión muy elevada» que soporta la cuenca del Miño-Sil, donde están emplazadas 77 centrales hidroeléctricas, el 80% de ellas ubicadas en territorio gallego, de las que una parte importante son grandes embalses. La producción hidroeléctrica estimada, según un estudio de la demarcación hidrográfica Miño-Limia, es de 2,71 megavatios al año, «una cifra muy relevante en relación con la superficie de la cuenca».

A esa cifra, resaltó la diputada nacionalista, hay que añadir los nuevos proyectos -20 con concesión firme y 44 en fase de tramitación a finales del 2007-, cuya autorización depende en último término del Ministerio de Medio Ambiente. «Esto significa que el número de aprovechamientos hidroeléctricos puede llegar a duplicarse», señaló. Todo ello en una cuenca que «ya sufre un enorme impacto medioambiental, paisajístico y socioeconómico por la proliferación de grandes embalses». El daño que producirían nuevas construcciones sería «elevadísimo», por lo que es «de máxima necesidad» frenarlas. Fernández destacó que hay un proyecto para instalar tres minicentrales en Arbo, un municipio donde tiene un gran peso la pesca fluvial, que se vería afectada por este tipo de construcciones. En ese sentido, aportó los datos de la respuesta que Medio Ambiente dio a una pregunta del BNG, que revelan la «cantidad excesiva de solicitudes de minicentrales». Así, en Lugo se solicitaron 62 infraestructuras hidroeléctricas (14 fueron concedidas, 31 denegadas y 17 continúan en trámite); en Ourense, 109 (32 concedidas, 60 denegadas y 17 en trámite); y 17 en Pontevedra (cinco concedidas, 11 denegadas y una en trámite).